Ciudad de México.- Lorena Villavicencio Ayala coordinadora de la subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres señaló que es preciso reforzar al Poder Judicial, toda vez que ello permitirá construir una sociedad igualitaria, donde se respeten cabalmente de los derechos humanos de las personas y se atienda adecuadamente a las víctimas en el proceso penal.
Durante el conversatorio “Presunción de inocencia contra Justicia para las víctimas”, la legisladora enfatizó que la impartición de justicia debe ser humanizada y colocar a las partes en igualdad de condiciones, tanto a la víctima como al agresor.
Agregó que en el análisis del tema de presunción de inocencia y cada una de las garantías procesales se tendrá que considerar que el Sistema de Justicia recibe un porcentaje mínimo de denuncias de los delitos cometidos, pues se estima que sólo un nueve por ciento son reportados.
Mariana Rodríguez Mier y Terán señaló que antes el hostigar o acercarse a alguien sin el consentimiento era parte del privilegio de tener el poder, pero ahora es sancionado.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó que la función del MP no es de juzgador, sino que debe recibir la denuncia o iniciar de oficio en delitos que permita la legislación, pero para eso el fiscal debe estar del lado de las víctimas para construir las carpetas de investigación con el objetivo de la acción penal y construir un Estado de Derecho.
Explicó que se vive un problema real de impunidad, ya que en el sistema tradicional el 98 por ciento de los casos quedaba impune, mientras que en el sistema penal acusatorio varía entre el 95.1 y el 98 por ciento; es decir, que a pesar de las cualidades del nuevo sistema no se ha avanzado. Aclaró que no es lo mismo la presunción de inocencia de un ciudadano común que de alguien que está en estrato de poder, no solo servidores públicos”.
Carla Astrid Humphrey Jordan, consejera del Instituto Nacional Electoral, comentó que entre 2014 y 2018 se denunciaron 145 mil casos de violencia y discriminación en México y sólo cinco de cada 100 tuvieron una sentencia, además de que el índice de impunidad en la media nacional alcanza el 92.4 por ciento.
Agregó que desde el ámbito electoral se adoptó el 3de3 contra la violencia, pero “nos estamos quedando cortos con la redacción de ésta” porque se requiere tomar en cuenta la realidad que viven las mujeres en México, pues una forma de violentarlas es evitar su acceso a una justicia pronta y expedita.
